UNA REFORMA LABORAL PARA EL AUTORITARISMO EMPRESARIAL Y CONTRA EL EQUILIBRIO Y EL DIÁLOGO
La reforma laboral aprobada por el gobierno del PP el 10 de febrero tiene tres características generales:
1.- Ha puesto fin a un modelo de interacción laboral basada en el equilibrio y el diálogo entre las partes (empresas y trabajadores), y lo ha sustituido por otro que amplía hasta márgenes insospechados el poder de decisión del empresario para imponer su voluntad sin límites ni garantías.
2.- La reforma establece un modelo laboral en el que los trabajadores prácticamente no tienen derecho ni capacidad para negociar o decidir sobre sus condiciones laborales, quedando a merced de las decisiones empresariales, y con muy pocas posibilidades de defensa incluso por procedimientos judiciales. Por tanto, nos encontramos ante un país democrático que ha establecido por decreto un modelo de relaciones laborales basado en el autoritarismo empresarial, y que reduce -prácticamente hasta la eliminación- cualquier posibilidad de participación de quienes forman parte esencial de ese modelo de relaciones laborales, que son los trabajadores. 10
3.- La eliminación de los mecanismos de conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores, de equilibrio y compromiso de las partes en el mejor funcionamiento posible de la actividad que comparten, deja sin mecanismos de gestión las fricciones y los conflictos que inevitablemente se producen en las relaciones laborales. Un modelo con tales desequilibrios supone una pérdida de salud democrática intolerable, y perjudicial para todos, porque conduce a la conflictividad como fórmula de solución.
ES UNA REFORMA INÚTIL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO, Y EL GOBIERNO DEL PP LO SABE
El cuadro de previsiones macroeconómicas del Gobierno dice que en 2012 el desempleo crecerá en 630.000 personas, y la tasa de paro se situará en el 24,3 por ciento. La única forma de generar trabajo para los más de cinco millones de personas desempleadas es con crecimiento económico, y lo que tendremos este año es más recesión, un retroceso del PIB del 1,7 por ciento.
El alto nivel de desempleo de nuestro país se explica, prácticamente en su totalidad, por las debilidades de nuestro sistema productivo y por la falta de actividad económica, condicionada por la ausencia de financiación, que impide que fluya crédito a las empresas y a las familias.
CREAR PARO, PRECARIEDAD Y POBREZA
Desde que comenzó la crisis hemos visto al Gobernador del Banco de España reclamar con pertinaz insistencia una reforma laboral profunda. Era lógico que muchos ciudadanos se preguntaran el por qué de tanta insistencia, cuando el origen de la crisis era el colapso del sistema financiero por sus prácticas delictivas y fraudulentas. ¿Cuál era la razón?
- Pagar las deudas (públicas y privadas) a los bancos se ha establecido como objetivo básico de los gobiernos de la Unión Europea, y a ello se sacrifica todo lo demás. Por eso, para pagar las deudas, se han establecido objetivos de reducción del gasto público tan radicales e implacables que son imposibles de cumplir… Salvo, si se dejan sin financiación servicios y prestaciones públicas como la educación, la sanidad, la dependencia…
- El gasto en prestaciones por desempleo es una de las principales partidas del gasto público, especialmente con los niveles de paro que estamos soportando. ¿Cómo puede el gobierno recortar esa partida sin recortar legalmente la
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prestación? Abaratando todos los costes laborales. Por eso la reforma laboral es una reforma para el despido.
- Con una reforma laboral que permite el despido fácil, rápido y barato de todos los trabajadores, -incluidos los trabajadores estables desde hace años y con protección frente al despido- se crean las condiciones para que estos trabajadores salgan del mercado laboral a bajo precio y sean sustituidos por otros (o por ellos mismos en otros puestos) con menores condiciones. El resultado es que las empresas podrán “comprar” más factor trabajo a menos coste. Eso permitirá que muchos de los que hoy cobran la prestación por desempleo encuentre trabajo (reduciendo la partida de gasto público). El reverso de la moneda es que todos los trabajadores cobrarán menos y tendrán peores condiciones.
- Sólo hay un problema: ¿para qué quieren los empresarios “comprar” más factor trabajo si no tiene actividad o no tienen financiación económica? Por eso la reforma laboral no creará empleo, y el gobierno lo sabe. Mientras no se reactive la economía no despegará la creación de empleo, y para entonces la reforma laboral ya habrá precarizado y abaratado con carácter general todo el mercado de trabajo, reduciendo los costes laborales de las empresas, sí, y reduciendo las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.
- Pero no se deja todo a ese factor. Se actúa también criminalizando a los parados, especialmente si reciben prestación por desempleo. Por eso los mensaje de la derecha (“la gente quiere trabajo, no vivir subvencionada”), por eso algunos empresarios se empeñan en reclamar que se obligue a los parados a aceptar cualquier empleo, aunque sea en Laponia, y por eso el presidente de la CEOE ha llegado a decir que es curioso que muchos trabajadores encuentren empleo justo antes de agotar la prestación.
Tony Judt, (uno de los principales pensadores progresistas contemporáneos) dice en su libro “Algo va Mal”: “Nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales en apariencia racionales, especialmente cuando se nos dice que contribuirán a la prosperidad general y, de esta forma –implícitamente- a nuestros intereses individuales. Consideremos la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (cuyo título es reveladoramente orwelliano), que en la era de Clinton pretendía cercenar las provisiones sociales en Estados Unidos. La finalidad declarada de dicha ley era reducir el número 12
de beneficiarios del bienestar. Esto se iba a conseguir retirando las prestaciones a todo aquel que no hubiera buscado (y, si lo había encontrado, aceptado) un empleo retribuido. Como en estas circunstancias un empresario podía ofrecer casi cualquier sueldo al contratar trabajadores –que no podían rechazar un empleo, por desagradable que fuera, sin arriesgarse a quedar excluidos de los beneficios sociales-, no sólo se redujo considerablemente el número de beneficiarios del bienestar, sino que también disminuyeron los salarios y los costes de las empresas.
Además, el bienestar adquirió un estigma explícito. Ser receptor de la asistencia pública, tanto en forma de ayuda para los hijos, cupones para alimentos o seguro de desempleo, era una marca de Caín: un signo de fracaso personal, la muestra de que, de alguna forma, esa persona se había escurrido por las grietas de la sociedad. Así, en los Estados Unidos contemporáneos, en un periodo de desempleo creciente, una persona sin trabajo queda estigmatizada: ya no es un miembro pleno de la comunidad. Incluso en la socialdemócrata Noruega, la Ley de Servicios Sociales de 1991 autorizaba a las autoridades locales a imponer requisitos laborales comparables a todo el que solicitara prestaciones de bienestar.
Los términos de esta legislación deberían recordarnos una ley anterior, aprobada en Inglaterra casi doscientos años antes: la Nueva Ley de Pobres de 1834 (…) era un insulto. Obligaba a los indigentes y desempleados a elegir entre un trabajo al salario que le ofrecieran, por bajo que fuera, y la humillación del hospicio. Aquí, como en otras formas de ayuda pública del siglo XIX (que aún se consideraban y describían como “caridad”), el nivel de protección y apoyo estaba calibrado para que fuera menos atractivo que la peor alternativa posible”.
Dos datos que debemos recordar y que se contraponen a esta realidad:
1.- A finales del mes de febrero el Banco Central Europeo (en dos días de subasta) entregó a los bancos de la eurozona 530.000 millones de euros, al 1% de interés durante 3 años. 800 bancos recibieron ese dinero barato. La banca española recibió en torno a 150.000 millones.
2.- España (según los datos del Gabinete Técnico Confederal a partir de las estadísticas disponibles de Eurostat) destina a pagar prestaciones por desempleo un 2,96 por ciento del PIB; a incentivar la contratación (bonificaciones) destinamos el 0,26% del PIB, prácticamente un tercio del total del dinero que dedica nuestro país a 13
políticas activas de empleo. Los empresarios españoles son de los europeos que más dinero reciben por este concepto (sólo superados por Bélgica con el 0,52%, Luxemburgo con el 0,28%, y Suecia con el 0,37%).
