LA REFORMA LABORAL PUEDE SER INCONSTITUCIONAL

HAY VARIAS RAZONES POR LAS QUE LA REFORMA LABORAL PUEDE SER INCONSTITUCIONAL 

1.- El establecimiento de un laudo obligatorio en caso de desacuerdo en los procesos de descuelgue de convenios colectivos (presunta infracción del artículo 37.1 de la Constitución Española (CE)). 16

2.- El establecimiento de un período de prueba de un año en el nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores (presunta violación del artículo 35.1 CE)

3.- Modificación de las condiciones de trabajo fijadas en pacto o acuerdo colectivo por la voluntad unilateral del empresario sin apertura del periodo de consultas en el supuesto de que la medida afecte a un número de trabajadores por debajo de los umbrales (artículo 37.1 CE)

4.- La definición de las causas habilitantes para el ejercicio, por parte del empresario, de la movilidad geográfica y de la modificación sustancial de condiciones de trabajo podría colisionar con el artículo 24.1 CE.

5.- La reforma concede a la empresa el derecho a una deducción fiscal por un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir. Una medida semejante, formulada como regla de generalizada aplicación, podría entrar en colisión con los artículos 14 y 9.2 CE.

6.- La aplicación retroactiva de la reforma a los derechos regulados por la legislación anterior, de manera adversa y desfavorable para los trabajadores (como es el caso de entender que, en los contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados antes de la reforma, la indemnización por despido disciplinario improcedente será de 33 días; o como es el caso de los contratos indefinidos ordinarios formalizados con anterioridad a la reforma, de manera que a partir de su entrada en vigor cada año de servicio será computado a efectos del cálculo de la indemnización por despido disciplinario improcedente dará derecho a 33 días y no a 45 que reconocía la legislación anterior).

7.- El caso de la situación de los parados que no tengan derecho o lo hubieran agotado a las prestaciones por desempleo a la hora de ser contratados, frente a quienes se encuentren percibiendo tales prestaciones en el momento de la contratación.

UNA REFORMA LABORAL PARA EL DESPIDO: LIBRE, UNIVERSAL, FÁCIL, BARATO, RÁPIDO, SIN CONTROL

Toda la reforma está dirigida a asegurar que la fórmula de despido sea la del despido por causas objetivas, quedando de manera residual el despido disciplinario.

DESPIDO DISCRIMINATORIO

Nuevo contrato para emprendedores: destinado a las empresas de menos de cincuenta trabajadores (que son la mayoría), establece 17

un periodo de prueba de un año, durante el cual el contrato puede ser resuelto por la voluntad del empresario sin requisito alguno, y sin contrapartidas ni derechos.

Despido por absentismo: la reforma establece que…

“d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.”

No se computarán como faltas de asistencia a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de una violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda”.

Ejemplos:

- Trabajador con 45 jornadas en 2 meses en un turno de lunes a viernes: si falta de 9 a 20 días, de manera justificada (por una enfermedad común o accidente laboral) podrá ser víctima de un despido objetivo (indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades).

- Trabajador con 90 jornadas en cuatro meses en un turno de lunes a viernes: si falta de 22,5 días, de manera no consecutiva en un año (7 días en febrero, 5 en mayo, 5 días en octubre y 6 días en diciembre) y justificada (por una enfermedad común o accidente no laboral) podrá ser víctima de un despido objetivo.

¿Qué puede pasar? Que el empresario no deje pasar una a aquellos trabajadores que no sean de su agrado o sean especialmente conflictivos, o incluso un representante de los trabajadores especialmente beligerante, puesto que cualquier causa de despido procedente permite también despedir a un representante de los trabajadores; y los trabajadores que por una determinada lesión tengan que estar de baja menos tiempo del límite legal, apurarán, si les es posible, hasta los 21 días para que no les computen como absentismo, con lo que incluso aumentarían las prestaciones en materia de Seguridad Social. 18

REFORMA LABORAL, PARÓN Y MARCHA ATRÁS

PARÓN Y MARCHA ATRÁS 

Esa parece ser la línea estratégica del Gobierno del PP en prácticamente todos los ámbitos. Tanto las medidas que se han adoptado como las que se han anunciado supone un parón y marcha atrás en prácticamente todos los ámbitos: la reforma de la Justicia, la regulación del derecho al aborto, la reforma de la enseñanza... La reforma laboral es un evidente desmantelamiento de los principios del derecho del trabajo, y las mal llamadas políticas de austeridad en el gasto público son realmente el resultado de un planteamiento ideológico.

¿Bajo qué premisa puede ser aceptable que los gobiernos- central, autonómicos o municipales- nos digan que se cierran escuelas, camas hospitalarias, centros de salud, o prestaciones a la dependencia porque no hay dinero?

Los servicios públicos y las prestaciones sociales son el resultado de una concepción de la sociedad basada en la corresponsabilización de todos con el desarrollo conjunto, en la existencia de mecanismo de equilibrio y redistribución, para que todos tengamos interés en el funcionamiento del sistema, porque todos se benefician de él.

Optar por un modelo social sin esos mecanismos, basado en el individualismo (que es lo que subyace en conceptos como la “cultura del esfuerzo” o el incentivo a los “emprendedores”, en contraposición a la actuación conjunta, al esfuerzo compartido) implica lógicamente el desprecio de los servicios públicos: para todos, financiados equitativamente entre todos.

La crisis económica se está utilizando como excusa para una criminalización del gasto público. Nos dicen que se mantendrán los servicios públicos, pero se elimina su financiación. No se enfrentan a la opinión pública negándole servicios que la gran mayoría de los ciudadanos defiende, les basta con declararse impotentes para financiarlos. ¿Es real esa impotencia? No, es una opción ideológica.

La drástica reducción del déficit hunde la actividad económica

Si el Gobierno (y las autoridades comunitarias) se empeñan en mantener los objetivos de reducción del déficit público en el 5,8% para 2012 y en el 3% para 2013 eso se traducirá en menos actividad económica, más paro, menos consumo, menos recaudación fiscal, 14

menos ingresos públicos y por tanto más dificultades para reducir el déficit público y la deuda pública, en una espiral suicida.

La actividad económica permanecerá estancada si persisten las políticas de recorte del gasto público como única vía para reducir el déficit. Pretender equilibrar las cuentas públicas solamente reduciendo el gasto no solo es injusto, es que está condenado al fracaso.

Es suicida desmantelar y vender el patrimonio público (los servicios y prestaciones sociales -cuyo valor social es muy superior a su coste económico- y las políticas de inversión) paralizando además esos sectores de la actividad económica y agravando la situación.

Hay que actuar en una doble dirección: lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y reforma fiscal integral que desplace nuestro sistema fiscal hacia posiciones de mayor equidad y suficiencia (más contribución de las rentas más altas, endurecimiento del tratamiento fiscal de las rentas del capital, tasas al sector financiero, impuesto a las transacciones financieras especulativas, etc…) Esta crisis necesita políticas expansivas, ya sean fiscales o monetarias. Hace falta recuperar la actividad económica y hacerlo en los sectores que más posibilidades tienen de crecimiento futuro y de generar valor añadido.

El Sistema Sanitario Público es mucho más que sanidad

El gasto público español en el Sistema Nacional de Salud (SNS) está en torno al 6,5 por ciento del PIB, un punto por debajo de la media de la UE-15 y menos que Francia (8,7 por ciento), Alemania (8,1 por ciento), Austria (8,1 por ciento) o Suecia (7,7 por ciento).

La Sanidad pública es un elemento clave de la economía nacional en términos de empleo (más de un millón de empleos directos e indirectos) y de I+D+i, tanto por la incorporación de innovaciones científicas para ofrecer un amplio catálogo de prestaciones de gran calidad como por su impulso a sectores productivos como los medicamentos y las tecnologías sanitarias.

Desde 2001 la financiación de la Sanidad se enmarca en el sistema general de financiación de las CCAA y no tiene fondos específicamente destinados a su financiación con carácter finalista. UGT considera necesario reforma la financiación de las CCAA para garantizar la suficiencia financiera de los servicios regionales de salud.

El sistema sanitario público debe, además, racionalizar el gasto y mejorar su financiación. Para lo primero: 15

- Nos oponemos de manera radical a ningún tipo de “re-pago” de los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos, que ya los pagan vía impuestos.

- Nos oponemos a los modelos de provisión privada de prestaciones sanitarias financiados con fondos públicos, que no se ajustan a un patrón común, someten al sistema a costes y externalidades negativas, y generan desigualdades. Defendemos la financiación, gestión, provisión, y producción públicas de la Sanidad.

Para lo segundo:

- Situar el gasto sanitario público en el promedio de la UE-15, es decir, un punto más de PIB.

- Reclamamos una reforma legal que establezca la universalidad de la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía (hoy quedan cerca de 200.000 personas sin derecho a la atención sanitaria), y la incorporación al SNS de todos los subsistemas sanitarios existentes (entre otros, el mutualismo administrativo).

Atender a la dependencia conforme a la Ley

La ley de dependencia establecía claramente la prioridad de atender a los ciudadanos en situación de dependencia con servicios que mejorasen y dignificasen su situación y la de sus familias; las prestaciones de carácter económico debían tener un carácter excepcional para los casos de inexistencia de servicios o infraestructuras.

Es urgente que las Administraciones asuman que la atención a la dependencia no es una sensibilidad caritativa sino un derecho objetivo que debe cumplirse con tantas garantías y rigor como cualquier otro derecho.

Hasta hace pocos meses los poderes públicos han estado pervirtiendo arteramente la ley, eludiendo sus responsabilidades de crear servicios de atención a los dependientes y tratar de justificarse reduciendo la ley una especie de compensación por dependencia, que no garantiza la atención y servicios profesionales a los que estos ciudadanos tienen derecho. Ahora las políticas de reducción del déficit están suponiendo la inaplicación de la ley.

UNA REFORMA LABORAL PARA EL AUTORITARISMO EMPRESARIAL Y CONTRA EL EQUILIBRIO Y EL DIÁLOGO

UNA REFORMA LABORAL PARA EL AUTORITARISMO EMPRESARIAL Y CONTRA EL EQUILIBRIO Y EL DIÁLOGO 

La reforma laboral aprobada por el gobierno del PP el 10 de febrero tiene tres características generales:

1.- Ha puesto fin a un modelo de interacción laboral basada en el equilibrio y el diálogo entre las partes (empresas y trabajadores), y lo ha sustituido por otro que amplía hasta márgenes insospechados el poder de decisión del empresario para imponer su voluntad sin límites ni garantías.

2.- La reforma establece un modelo laboral en el que los trabajadores prácticamente no tienen derecho ni capacidad para negociar o decidir sobre sus condiciones laborales, quedando a merced de las decisiones empresariales, y con muy pocas posibilidades de defensa incluso por procedimientos judiciales. Por tanto, nos encontramos ante un país democrático que ha establecido por decreto un modelo de relaciones laborales basado en el autoritarismo empresarial, y que reduce -prácticamente hasta la eliminación- cualquier posibilidad de participación de quienes forman parte esencial de ese modelo de relaciones laborales, que son los trabajadores. 10

3.- La eliminación de los mecanismos de conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores, de equilibrio y compromiso de las partes en el mejor funcionamiento posible de la actividad que comparten, deja sin mecanismos de gestión las fricciones y los conflictos que inevitablemente se producen en las relaciones laborales. Un modelo con tales desequilibrios supone una pérdida de salud democrática intolerable, y perjudicial para todos, porque conduce a la conflictividad como fórmula de solución.

ES UNA REFORMA INÚTIL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO, Y EL GOBIERNO DEL PP LO SABE

El cuadro de previsiones macroeconómicas del Gobierno dice que en 2012 el desempleo crecerá en 630.000 personas, y la tasa de paro se situará en el 24,3 por ciento. La única forma de generar trabajo para los más de cinco millones de personas desempleadas es con crecimiento económico, y lo que tendremos este año es más recesión, un retroceso del PIB del 1,7 por ciento.

El alto nivel de desempleo de nuestro país se explica, prácticamente en su totalidad, por las debilidades de nuestro sistema productivo y por la falta de actividad económica, condicionada por la ausencia de financiación, que impide que fluya crédito a las empresas y a las familias.

CREAR PARO, PRECARIEDAD Y POBREZA

Desde que comenzó la crisis hemos visto al Gobernador del Banco de España reclamar con pertinaz insistencia una reforma laboral profunda. Era lógico que muchos ciudadanos se preguntaran el por qué de tanta insistencia, cuando el origen de la crisis era el colapso del sistema financiero por sus prácticas delictivas y fraudulentas. ¿Cuál era la razón?

- Pagar las deudas (públicas y privadas) a los bancos se ha establecido como objetivo básico de los gobiernos de la Unión Europea, y a ello se sacrifica todo lo demás. Por eso, para pagar las deudas, se han establecido objetivos de reducción del gasto público tan radicales e implacables que son imposibles de cumplir… Salvo, si se dejan sin financiación servicios y prestaciones públicas como la educación, la sanidad, la dependencia…

- El gasto en prestaciones por desempleo es una de las principales partidas del gasto público, especialmente con los niveles de paro que estamos soportando. ¿Cómo puede el gobierno recortar esa partida sin recortar legalmente la

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prestación? Abaratando todos los costes laborales. Por eso la reforma laboral es una reforma para el despido.

- Con una reforma laboral que permite el despido fácil, rápido y barato de todos los trabajadores, -incluidos los trabajadores estables desde hace años y con protección frente al despido- se crean las condiciones para que estos trabajadores salgan del mercado laboral a bajo precio y sean sustituidos por otros (o por ellos mismos en otros puestos) con menores condiciones. El resultado es que las empresas podrán “comprar” más factor trabajo a menos coste. Eso permitirá que muchos de los que hoy cobran la prestación por desempleo encuentre trabajo (reduciendo la partida de gasto público). El reverso de la moneda es que todos los trabajadores cobrarán menos y tendrán peores condiciones.

- Sólo hay un problema: ¿para qué quieren los empresarios “comprar” más factor trabajo si no tiene actividad o no tienen financiación económica? Por eso la reforma laboral no creará empleo, y el gobierno lo sabe. Mientras no se reactive la economía no despegará la creación de empleo, y para entonces la reforma laboral ya habrá precarizado y abaratado con carácter general todo el mercado de trabajo, reduciendo los costes laborales de las empresas, sí, y reduciendo las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.

- Pero no se deja todo a ese factor. Se actúa también criminalizando a los parados, especialmente si reciben prestación por desempleo. Por eso los mensaje de la derecha (“la gente quiere trabajo, no vivir subvencionada”), por eso algunos empresarios se empeñan en reclamar que se obligue a los parados a aceptar cualquier empleo, aunque sea en Laponia, y por eso el presidente de la CEOE ha llegado a decir que es curioso que muchos trabajadores encuentren empleo justo antes de agotar la prestación.

Tony Judt, (uno de los principales pensadores progresistas contemporáneos) dice en su libro “Algo va Mal”: “Nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales en apariencia racionales, especialmente cuando se nos dice que contribuirán a la prosperidad general y, de esta forma –implícitamente- a nuestros intereses individuales. Consideremos la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (cuyo título es reveladoramente orwelliano), que en la era de Clinton pretendía cercenar las provisiones sociales en Estados Unidos. La finalidad declarada de dicha ley era reducir el número 12

de beneficiarios del bienestar. Esto se iba a conseguir retirando las prestaciones a todo aquel que no hubiera buscado (y, si lo había encontrado, aceptado) un empleo retribuido. Como en estas circunstancias un empresario podía ofrecer casi cualquier sueldo al contratar trabajadores –que no podían rechazar un empleo, por desagradable que fuera, sin arriesgarse a quedar excluidos de los beneficios sociales-, no sólo se redujo considerablemente el número de beneficiarios del bienestar, sino que también disminuyeron los salarios y los costes de las empresas.

Además, el bienestar adquirió un estigma explícito. Ser receptor de la asistencia pública, tanto en forma de ayuda para los hijos, cupones para alimentos o seguro de desempleo, era una marca de Caín: un signo de fracaso personal, la muestra de que, de alguna forma, esa persona se había escurrido por las grietas de la sociedad. Así, en los Estados Unidos contemporáneos, en un periodo de desempleo creciente, una persona sin trabajo queda estigmatizada: ya no es un miembro pleno de la comunidad. Incluso en la socialdemócrata Noruega, la Ley de Servicios Sociales de 1991 autorizaba a las autoridades locales a imponer requisitos laborales comparables a todo el que solicitara prestaciones de bienestar.

Los términos de esta legislación deberían recordarnos una ley anterior, aprobada en Inglaterra casi doscientos años antes: la Nueva Ley de Pobres de 1834 (…) era un insulto. Obligaba a los indigentes y desempleados a elegir entre un trabajo al salario que le ofrecieran, por bajo que fuera, y la humillación del hospicio. Aquí, como en otras formas de ayuda pública del siglo XIX (que aún se consideraban y describían como “caridad”), el nivel de protección y apoyo estaba calibrado para que fuera menos atractivo que la peor alternativa posible”.

Dos datos que debemos recordar y que se contraponen a esta realidad:

1.- A finales del mes de febrero el Banco Central Europeo (en dos días de subasta) entregó a los bancos de la eurozona 530.000 millones de euros, al 1% de interés durante 3 años. 800 bancos recibieron ese dinero barato. La banca española recibió en torno a 150.000 millones.

2.- España (según los datos del Gabinete Técnico Confederal a partir de las estadísticas disponibles de Eurostat) destina a pagar prestaciones por desempleo un 2,96 por ciento del PIB; a incentivar la contratación (bonificaciones) destinamos el 0,26% del PIB, prácticamente un tercio del total del dinero que dedica nuestro país a 13

políticas activas de empleo. Los empresarios españoles son de los europeos que más dinero reciben por este concepto (sólo superados por Bélgica con el 0,52%, Luxemburgo con el 0,28%, y Suecia con el 0,37%).