PARÓN Y MARCHA ATRÁS
Esa parece ser la línea estratégica del Gobierno del PP en prácticamente todos los ámbitos. Tanto las medidas que se han adoptado como las que se han anunciado supone un parón y marcha atrás en prácticamente todos los ámbitos: la reforma de la Justicia, la regulación del derecho al aborto, la reforma de la enseñanza... La reforma laboral es un evidente desmantelamiento de los principios del derecho del trabajo, y las mal llamadas políticas de austeridad en el gasto público son realmente el resultado de un planteamiento ideológico.
¿Bajo qué premisa puede ser aceptable que los gobiernos- central, autonómicos o municipales- nos digan que se cierran escuelas, camas hospitalarias, centros de salud, o prestaciones a la dependencia porque no hay dinero?
Los servicios públicos y las prestaciones sociales son el resultado de una concepción de la sociedad basada en la corresponsabilización de todos con el desarrollo conjunto, en la existencia de mecanismo de equilibrio y redistribución, para que todos tengamos interés en el funcionamiento del sistema, porque todos se benefician de él.
Optar por un modelo social sin esos mecanismos, basado en el individualismo (que es lo que subyace en conceptos como la “cultura del esfuerzo” o el incentivo a los “emprendedores”, en contraposición a la actuación conjunta, al esfuerzo compartido) implica lógicamente el desprecio de los servicios públicos: para todos, financiados equitativamente entre todos.
La crisis económica se está utilizando como excusa para una criminalización del gasto público. Nos dicen que se mantendrán los servicios públicos, pero se elimina su financiación. No se enfrentan a la opinión pública negándole servicios que la gran mayoría de los ciudadanos defiende, les basta con declararse impotentes para financiarlos. ¿Es real esa impotencia? No, es una opción ideológica.
La drástica reducción del déficit hunde la actividad económica
Si el Gobierno (y las autoridades comunitarias) se empeñan en mantener los objetivos de reducción del déficit público en el 5,8% para 2012 y en el 3% para 2013 eso se traducirá en menos actividad económica, más paro, menos consumo, menos recaudación fiscal, 14
menos ingresos públicos y por tanto más dificultades para reducir el déficit público y la deuda pública, en una espiral suicida.
La actividad económica permanecerá estancada si persisten las políticas de recorte del gasto público como única vía para reducir el déficit. Pretender equilibrar las cuentas públicas solamente reduciendo el gasto no solo es injusto, es que está condenado al fracaso.
Es suicida desmantelar y vender el patrimonio público (los servicios y prestaciones sociales -cuyo valor social es muy superior a su coste económico- y las políticas de inversión) paralizando además esos sectores de la actividad económica y agravando la situación.
Hay que actuar en una doble dirección: lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y reforma fiscal integral que desplace nuestro sistema fiscal hacia posiciones de mayor equidad y suficiencia (más contribución de las rentas más altas, endurecimiento del tratamiento fiscal de las rentas del capital, tasas al sector financiero, impuesto a las transacciones financieras especulativas, etc…) Esta crisis necesita políticas expansivas, ya sean fiscales o monetarias. Hace falta recuperar la actividad económica y hacerlo en los sectores que más posibilidades tienen de crecimiento futuro y de generar valor añadido.
El Sistema Sanitario Público es mucho más que sanidad
El gasto público español en el Sistema Nacional de Salud (SNS) está en torno al 6,5 por ciento del PIB, un punto por debajo de la media de la UE-15 y menos que Francia (8,7 por ciento), Alemania (8,1 por ciento), Austria (8,1 por ciento) o Suecia (7,7 por ciento).
La Sanidad pública es un elemento clave de la economía nacional en términos de empleo (más de un millón de empleos directos e indirectos) y de I+D+i, tanto por la incorporación de innovaciones científicas para ofrecer un amplio catálogo de prestaciones de gran calidad como por su impulso a sectores productivos como los medicamentos y las tecnologías sanitarias.
Desde 2001 la financiación de la Sanidad se enmarca en el sistema general de financiación de las CCAA y no tiene fondos específicamente destinados a su financiación con carácter finalista. UGT considera necesario reforma la financiación de las CCAA para garantizar la suficiencia financiera de los servicios regionales de salud.
El sistema sanitario público debe, además, racionalizar el gasto y mejorar su financiación. Para lo primero: 15
- Nos oponemos de manera radical a ningún tipo de “re-pago” de los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos, que ya los pagan vía impuestos.
- Nos oponemos a los modelos de provisión privada de prestaciones sanitarias financiados con fondos públicos, que no se ajustan a un patrón común, someten al sistema a costes y externalidades negativas, y generan desigualdades. Defendemos la financiación, gestión, provisión, y producción públicas de la Sanidad.
Para lo segundo:
- Situar el gasto sanitario público en el promedio de la UE-15, es decir, un punto más de PIB.
- Reclamamos una reforma legal que establezca la universalidad de la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía (hoy quedan cerca de 200.000 personas sin derecho a la atención sanitaria), y la incorporación al SNS de todos los subsistemas sanitarios existentes (entre otros, el mutualismo administrativo).
Atender a la dependencia conforme a la Ley
La ley de dependencia establecía claramente la prioridad de atender a los ciudadanos en situación de dependencia con servicios que mejorasen y dignificasen su situación y la de sus familias; las prestaciones de carácter económico debían tener un carácter excepcional para los casos de inexistencia de servicios o infraestructuras.
Es urgente que las Administraciones asuman que la atención a la dependencia no es una sensibilidad caritativa sino un derecho objetivo que debe cumplirse con tantas garantías y rigor como cualquier otro derecho.
Hasta hace pocos meses los poderes públicos han estado pervirtiendo arteramente la ley, eludiendo sus responsabilidades de crear servicios de atención a los dependientes y tratar de justificarse reduciendo la ley una especie de compensación por dependencia, que no garantiza la atención y servicios profesionales a los que estos ciudadanos tienen derecho. Ahora las políticas de reducción del déficit están suponiendo la inaplicación de la ley.
